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A propósito del nuevo Régimen Tarifario establecido por la ley 27.218
Por Enrique Luis Suárez
“El Estado interviene económica y socialmente en pos del logro del bien común, pero debe hacerlo bajo la guía de la racionalidad, a fin de evitar daños persiguiendo beneficios que se buscaban lograr originalmente. Toda decisión regulatoria implica costos; nunca es intrascendente, sobre todo en términos sociales o económicos. Una guía para encontrar la racionalidad en la decisión final que se adopta, puede consistir en la corrección de desigualdades, adoptando las disposiciones que hagan posible una condición igualitaria, evitando la discriminación consecuente.”
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Términos mencionados en esta doctrina: servicios, racionalidad, beneficios, decisión, públicos, desarrollo.